En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las botas de los militares volvieron a pisotear la democracia argentina. Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de María Estela Martínez de Perón y una junta integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti inauguró la más siniestra de las dictaduras que azotó a la patria e impulsó un plan económico devastador.

“(…) han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”, denunciaría un año después Rodolfo Walsh en su Carta Abierta. “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

El 29 de marzo, en el marco del autodenominado Proceso de Reconstrucción Nacional –un eufemismo para nombrar un plan genocida-, se sancionó y promulgó la ley 21.276 “para la normalización de las universidades”. La norma no anuló la ley anterior (20.654), aunque derogó total o parcialmente 32 de sus 63 artículos.

Se estableció que el gobierno de las universidades sería ejercido por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y que la designación de rectores y decanos dependería de esa cartera. El artículo 7 expresaba: “Queda prohibido, en el recinto de las Universidades, toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil o no docente”. Mientras que en el 12 advertía: “Es incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que les sean correlativas, todas aquellas actividades que se aparten del propósito y objetivos básicos fijados por el proceso de Reorganización Nacional”.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora recién se había asomado a la vida pública cuando se produjo aquel golpe cívico-militar. La comunidad académica – docentes, no docentes y estudiantes – fue reprimida, perseguida y silenciada.

https://mail.google.com/mail/ca/images/cleardot.gifJulio Molina, Jorge Brinoli, Rodolfo Torres, Pablo Musso, Ramón “Moncho” Pérez, María Cristina Bienposto, Carlos Ocerín y José Nicasio Fernández Álvarez son nombres, apellidos, apodos, rostros de compañeros, amigos, esposos, hijos, padres, abuelos, tíos, sobrinos; de estudiantes, obreros y militantes que se pierden entre 30 mil para fundirse en una frase: “nuestros desaparecidos”. Todos.

Por todos ellos y por los sobrevivientes, a 37 años del Golpe, debemos mantener vivo el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.